Una nueva ley obligará a bancos y operadores a suspender cobros mientras se investiga si una persona fue víctima de suplantación de identidad. La medida busca proteger a usuarios afectados por fraudes y delitos digitales.
Colombia tendrá nuevas reglas para proteger a ciudadanos víctimas de suplantación de identidad y fraudes financieros, luego de la aprobación de una ley que obligará a bancos, entidades financieras y operadores de servicios a suspender cobros mientras se verifica el caso denunciado.
La norma surge en medio del aumento de denuncias relacionadas con créditos no autorizados, líneas telefónicas abiertas sin consentimiento y fraudes digitales que terminan afectando el historial financiero de miles de personas. Con la nueva regulación, las entidades deberán detener temporalmente procesos de cobro cuando exista una denuncia formal por posible suplantación de identidad, mientras avanzan las verificaciones correspondientes.
Más protección al usuario
La iniciativa fue impulsada en el Congreso como respuesta al crecimiento de delitos asociados al robo de datos personales y fraudes mediante plataformas digitales. Según cifras de autoridades y organismos financieros, durante los últimos años aumentaron los reportes de ciudadanos afectados por créditos, compras o contratos realizados utilizando información personal obtenida de manera ilegal.
“El ciudadano no puede seguir cargando con deudas o reportes negativos por delitos cometidos por terceros”, afirmó Alejandro Chacón, Senador y uno de los impulsores de la iniciativa, durante el trámite legislativo del proyecto. La ley también contempla obligaciones para que las entidades fortalezcan mecanismos de verificación de identidad y atención a víctimas de fraude.
Delitos en aumento
La suplantación de identidad se ha convertido en una de las modalidades de fraude con mayor crecimiento en Colombia debido al uso masivo de plataformas digitales y servicios financieros virtuales. La Fiscalía General y la Policía Nacional han advertido sobre redes dedicadas al robo de datos personales para acceder a créditos, cuentas bancarias y servicios de telefonía.
“La prevención y protección de los datos personales es clave para enfrentar este tipo de delitos”, señaló Carlos Lugo Silva, director de la Comisión de Regulación de Comunicaciones, durante recientes discusiones sobre seguridad digital y protección al usuario. Expertos consideran que la nueva norma podría ayudar a reducir afectaciones económicas y procesos judiciales prolongados para víctimas de fraude, aunque advierten que el reto principal seguirá siendo fortalecer controles tecnológicos y mecanismos de autenticación.
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