Una investigación periodística puso bajo la lupa $1.299 millones reportados por la campaña a una empresa señalada como presuntamente fantasma. La campaña rechaza los señalamientos.
El pago bajo sospecha
La campaña presidencial de Abelardo de la Espriella quedó en el centro de una nueva controversia por el reporte de pagos por $1.299 millones a una empresa contratada, según la información conocida, para servicios de transporte y logística.
El caso fue revelado por Revista Cambio y rápidamente generó repercusiones políticas porque el pago aparece asociado a una firma que, de acuerdo con esa investigación, habría estado liquidada durante varios años antes de ser reactivada en 2026. La denuncia no constituye una decisión judicial ni una sanción electoral, pero sí abre preguntas sobre la trazabilidad de los gastos, los contratistas de campaña y los controles sobre la financiación electoral.
La empresa cuestionada
La investigación señala que la firma beneficiaria de los pagos fue reactivada en febrero de este año, poco antes de aparecer vinculada a los reportes financieros de la campaña.
Otro punto que llamó la atención es el perfil de su representante legal: un joven estudiante universitario registrado en el Sisbén, quien, según los reportes periodísticos, habría desaparecido de redes sociales después de ser consultado por la empresa que figura a su nombre. Además, en la dirección registrada por la compañía no funcionaría una firma de transporte o logística, sino un negocio dedicado a vender productos congelados como papas y yucas.
La campaña responde
El equipo jurídico de la campaña rechazó los señalamientos y calificó la publicación como una acusación infundada contra el grupo significativo de ciudadanos Defensores de la Patria.
Según la defensa, la campaña ha cumplido con sus obligaciones de reporte y no acepta que se le atribuyan irregularidades sin una decisión de autoridad competente. Ese punto es clave: hasta ahora, lo que existe es una investigación periodística y una controversia pública. Cualquier conclusión sobre eventuales irregularidades debe ser adoptada por el Consejo Nacional Electoral, la Fiscalía u otra autoridad competente.
Por qué importa
El caso llega en plena recta final presidencial y aumenta la presión sobre la financiación de las campañas. Los reportes de ingresos y gastos son una herramienta central para que la ciudadanía y las autoridades puedan revisar quién financia una candidatura, en qué se gasta el dinero y si los proveedores contratados existen y prestaron realmente los servicios reportados.
Transparencia por Colombia advirtió recientemente que la financiación de la segunda vuelta está bajo escrutinio público y que las campañas han registrado millonarios ingresos y gastos en Cuentas Claras.
Lo que debe aclararse
El caso deja varias preguntas abiertas: si la empresa prestó efectivamente los servicios contratados, quiénes ejecutaron la logística, por qué una firma reactivada recientemente recibió una suma tan alta, qué soportes entregó la campaña y si el gasto fue reportado con todos los requisitos.
Por ahora, la campaña niega cualquier actuación irregular y la investigación periodística sostiene que existen inconsistencias que deben ser explicadas. La última palabra la tendrán las autoridades electorales y judiciales, si deciden revisar formalmente el caso.
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