La mujer, de 52 años, falleció después de someterse a un procedimiento en un establecimiento que, según las autoridades, operaba como peluquería y no estaba autorizado para prestar servicios de salud. El caso reabre el debate sobre el crecimiento de la estética ilegal en Colombia.
Lo que para Adriana Manotas, de 52 años, debía ser un procedimiento estético de rutina terminó convirtiéndose en una tragedia que hoy investigan la Fiscalía, la Policía y la Secretaría Distrital de Salud.
La mujer murió luego de presentar graves complicaciones tras acudir a un establecimiento ubicado en el barrio Alquería, en la localidad de Puente Aranda, al suroccidente de Bogotá. De acuerdo con las primeras investigaciones, el lugar donde fue atendida no estaba habilitado para realizar procedimientos médicos o quirúrgicos. Ante las autoridades figuraba únicamente como una peluquería con autorización para actividades de belleza.
Según la información oficial, Adriana fue trasladada de urgencia a una institución médica en la localidad de Kennedy tras sufrir complicaciones críticas. Pese a los esfuerzos del personal de salud, falleció pocas horas después. El Distrito confirmó que el caso es materia de investigación y anunció una intervención inmediata al establecimiento para verificar las condiciones en las que funcionaba.
Una fachada que ocultaba un servicio ilegal
Uno de los hallazgos que más preocupa a las autoridades es que el establecimiento no aparecía registrado como prestador de servicios de salud. Aunque podía ofrecer tratamientos de belleza no invasivos, carecía de autorización para practicar procedimientos médicos, lo que podría constituir una grave violación de la normativa sanitaria.
La Secretaría Distrital de Salud recordó que cualquier intervención estética invasiva solo puede realizarse en instituciones habilitadas y por profesionales debidamente acreditados. La Fiscalía adelanta la recolección de pruebas para establecer qué procedimiento se practicó, quiénes participaron y si existieron fallas médicas o responsabilidades penales.
Un problema que se repite
El caso de Adriana Manotas no es un hecho aislado. En los últimos meses, Bogotá ha registrado varios procesos judiciales relacionados con procedimientos estéticos ilegales. Uno de los más recordados es el de Yulixa Toloza, cuyo cuerpo fue hallado días después de desaparecer tras asistir a un centro clandestino en el sur de la ciudad. La investigación derivó en múltiples capturas y puso en evidencia una red de establecimientos que operaban al margen de la ley.
Semanas antes, la justicia también condenó a una mujer que practicaba cirugías estéticas sin contar con formación médica. La intervención terminó con la muerte de una paciente en un apartamento de la localidad de Kennedy.
Estos antecedentes han llevado a las autoridades distritales a intensificar los controles sobre establecimientos que ofrecen procedimientos invasivos sin cumplir los requisitos legales.
El llamado de las autoridades
Tras la muerte de Adriana Manotas, la Alcaldía de Bogotá pidió a los ciudadanos verificar que cualquier clínica o centro estético figure como prestador habilitado de servicios de salud antes de someterse a una intervención. También recordó que la Secretaría Distrital de Salud mantiene habilitada una línea para recibir denuncias sobre establecimientos irregulares.
Mientras avanzan las investigaciones, una nueva familia enfrenta el duelo por una muerte que, de confirmarse las irregularidades, pudo haberse evitado. El caso vuelve a poner sobre la mesa una advertencia que las autoridades repiten desde hace años: cuando un procedimiento médico se realiza en un lugar clandestino, el riesgo no solo está en el resultado estético, sino también en la vida del paciente.
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