La exrepresentante araucana asumió una de las entidades más sensibles del Estado y prometió transparencia, carácter, gestión y una limpieza contra la corrupción. Recibe una Agencia que reporta 381.991 hectáreas entregadas durante el Gobierno Petro, pero también miles de procesos pendientes y una enorme deuda de resultados en Arauca. A Lina Garrido le llegó la hora más difícil de su carrera política. Ya no bastará con hablar duro. Tendrá que entregar tierra, títulos y resultados.
El ministro de Agricultura, Indalecio Dangond, escogió una metáfora muy llanera para dimensionar el cargo que acababa de entregar. La Agencia Nacional de Tierras era, dijo durante la posesión de Lina María Garrido este martes 11 de agosto, un “toro bravo”. Probablemente acertó. Garrido recibió formalmente la dirección de la ANT después de que el Gobierno de Abelardo De la Espriella oficializara su nombramiento mediante el Decreto 1149 del 10 de agosto.
Durante el acto prometió una gestión con transparencia, carácter y resultados, anunció que buscará “limpiar la casa” frente a la corrupción y reivindicó la aspiración gubernamental de construir un “país de propietarios”. Es una declaración poderosa. También peligrosa para quien la pronuncia. Porque desde ahora Garrido tendrá algo que durante buena parte de su carrera política no tuvo con tanta crudeza frente a los ciudadanos. Un resultado perfectamente medible. La tierra tiene esa ventaja sobre el discurso. Se puede contar.
La ANT no es una oficina para repartir fincas
Conviene empezar por entender el tamaño del cargo. La Agencia Nacional de Tierras es la máxima autoridad de tierras de la Nación. Decide y ejecuta buena parte de la política relacionada con acceso a la tierra, formalización de la propiedad rural, administración de baldíos, seguridad jurídica, procedimientos agrarios y territorios de comunidades campesinas y étnicas.
Fue creada mediante el Decreto Ley 2363 de 2015 y es pieza central de la implementación de la Reforma Rural Integral. Traducido al lenguaje de cualquier campesino, su función puede ser todavía más sencilla. Ayudar a que quien necesita tierra pueda acceder a ella y que quien legítimamente tiene o trabaja un predio pueda contar con seguridad jurídica sobre su propiedad.
De ahí que dirigir la ANT sea muchísimo más importante que ocupar una entidad de alto presupuesto. Un título permite heredar con certeza, acceder a crédito, invertir, desarrollar proyectos productivos y disminuir conflictos que pueden permanecer durante generaciones.
Y eso explica por qué el cargo tiene especial significado para Arauca.Cuando la ANT abrió su Unidad de Gestión Territorial en el departamento, en abril de 2023, reconoció problemas de minifundio y bajo acceso campesino a la titulación. Entonces se fijó un desafío enorme para el cuatrienio. Adjudicar 142.000 hectáreas y formalizar otras 39.000.
Ese dato será importante más adelante.
Lo que realmente dejó Petro
Aquí empiezan las cifras que deberían convertirse en el tablero de control de Lina Garrido. El informe oficial de empalme de la ANT registra que entre el 7 de agosto de 2022 y el 31 de julio de 2026 el Gobierno Petro entregó 381.991 hectáreas, beneficiando a 100.887 familias. Eso representa un ritmo aproximado de 8.000 hectáreas por mes. Pero hay un detalle que pocas veces aparece cuando los gobiernos presumen grandes cifras. No todas esas hectáreas terminaron el periodo en el mismo estado jurídico.
De las 381.991 reportadas como entregadas, 99.478 estaban registradas, 51.265 tenían título pendiente de registro y 231.248 correspondían a entregas provisionales. Es decir, alrededor del 60 % del total estaba bajo esta última modalidad. La entrega provisional permite que los beneficiarios usen productivamente los predios mientras continúan los procedimientos para su adjudicación definitiva. No significa que la tierra no haya sido entregada, pero tampoco equivale a tener un título definitivamente registrado.
Ese debería ser uno de los primeros aprendizajes para el nuevo Gobierno. No basta con contar hectáreas. También hay que contar cuántas terminan convertidas en propiedad jurídicamente segura. Hay otra cifra que tampoco debe mezclarse con la anterior. Durante el mismo Gobierno la ANT reportó 2.405.113 hectáreas formalizadas, correspondientes a 123.075 familias. El promedio supera las 50.000 hectáreas formalizadas mensualmente. Entregar tierra a quien no la tiene y formalizar la que ya ocupa legítimamente una familia son procesos diferentes y cualquier evaluación seria debe mantenerlos separados.
Arauca tiene una cuenta pendiente mucho más incómoda
Para la nueva directora este puede ser el dato más difícil de ignorar. El informe final registra para Arauca 7.866,6 hectáreas entregadas a 87 familias durante el Gobierno Petro. El ritmo promedio fue de aproximadamente 165 hectáreas mensuales. De ellas, solamente 734 quedaron registradas, 6.445 tenían título pendiente de registro y 687 correspondían a entregas provisionales.
En formalización, el resultado fue de 3.130 hectáreas para 42 familias, unas 65 hectáreas mensuales en promedio.
Ahora recuperemos aquella promesa institucional de 2023.
La ANT habló entonces de 39.000 hectáreas para formalizar en Arauca durante el cuatrienio. El empalme terminó registrando 3.130. Eso equivale apenas a cerca del 8 % de aquella aspiración. En materia de acceso, la comparación requiere más prudencia porque aquel anuncio hablaba de hectáreas por adjudicar y el empalme utiliza una metodología más amplia de hectáreas entregadas. No sería técnicamente correcto tratarlas como categorías idénticas. Pero la distancia entre las 142.000 hectáreas anunciadas y las 7.866 finalmente reportadas como entregadas deja, cuando menos, una pregunta gigantesca sobre la ejecución territorial. Esa deuda no la creó Lina Garrido, pero acaba de heredarla.
De la política a administrar tierra
Garrido conoce el Estado, aunque llega a la ANT con un perfil distinto al de un agrónomo o especialista tradicional en derecho agrario. Nació en Arauca en 1987. Es profesional en Relaciones Internacionales y Estudios Políticos de la Universidad Militar Nueva Granada, especialista en Opinión Pública y Mercadeo Político de la Javeriana y en Gerencia Social de la ESAP. Fue concejal de Arauca entre 2016 y 2019, aspiró posteriormente a la Asamblea y llegó a la Cámara en 2022 con 10.534 votos por Cambio Radical. Allí pasó por las comisiones Sexta y Tercera, fue vicepresidenta de la Comisión Legal para la Equidad de la Mujer y segunda vicepresidenta de la Cámara durante la legislatura 2024–2025.
Su confrontación política con Gustavo Petro la convirtió en una figura nacional de la oposición. En 2026 intentó pasar al Senado, obtuvo 30.502 votos y no alcanzó curul. Después respaldó activamente la candidatura presidencial de De la Espriella y terminó incorporándose a su Gobierno. Días antes de asumir el cargo formalizó su salida de Cambio Radical.
Su solicitud de desafiliación fue diligenciada el 27 de julio. Por eso, cuando durante su posesión dijo llegar sin partido político, existe una precisión necesaria. Hoy no pertenece formalmente a Cambio Radical, pero su carrera sí fue construida durante años dentro de esa colectividad. Eso no constituye un pecado ni la descalifica para dirigir una entidad pública.
La política también produce capacidades útiles para gobernar, negociar, construir acuerdos y mover instituciones complejas.
Pero tampoco hace falta reescribir la biografía para defender el nombramiento. Lina Garrido llega sin afiliación partidista, no desde fuera de la política. Y su nombramiento es una decisión política legítima del Presidente que ahora tendrá que ser respaldada con competencia administrativa.
El episodio del ICA dejó una primera advertencia
Antes de llegar a la ANT, Garrido había sido anunciada para dirigir el Instituto Colombiano Agropecuario. La posibilidad generó cuestionamientos porque el manual del ICA exigía áreas específicas de formación que no coincidían con sus estudios y por la ausencia de trayectoria técnica en sanidad agropecuaria. El Gobierno finalmente cambió de rumbo y la designó en Tierras.
Eso tampoco demuestra por sí mismo que Garrido carezca de condiciones para la ANT. Son cargos y requisitos diferentes.Pero sí coloca desde el primer día una lupa sobre algo fundamental. Su fortaleza política tendrá que compensarse con un equipo técnico extraordinariamente sólido. En tierras, una decisión equivocada puede producir litigios, afectar derechos adquiridos, comprometer predios públicos o enfrentar durante años a comunidades, propietarios y Estado. Aquí la valentía sirve. El conocimiento también.
“Limpiar la casa” obliga a demostrar dónde está la suciedad
La frase más fuerte de su posesión fue su promesa de combatir la corrupción dentro de la Agencia. Hay razones objetivas para revisar profundamente la entidad. El informe de empalme registra 14.491 acciones de tutela entre 2021 y el primer semestre de 2026, con 3.306 fallos adversos. También reporta 342 expedientes disciplinarios en diferentes etapas y cientos de actuaciones penales asociadas a presuntas irregularidades o hechos que han requerido seguimiento jurídico.
Pero hay que hacer una precisión esencial.
Un expediente disciplinario, una denuncia o una investigación no equivalen a corrupción probada. De los 342 expedientes reportados, 159 estaban apenas en indagación previa y 101 figuraban en terminación y archivo. Por eso la expresión “limpiar la casa” no puede quedarse como recurso retórico para inaugurar una administración.
Si Garrido encontró redes corruptas, tendrá que identificarlas, preservar las pruebas, denunciar ante los organismos competentes, recuperar recursos cuando corresponda y comunicar resultados verificables. Si no existen pruebas, debe evitar convertir una institución entera y a sus servidores en sospechosos por decreto verbal.
La ANT necesita músculo, no solamente carácter
El empalme entrega otro dato revelador. La planta institucional cuenta con apenas 216 empleos públicos. La administración saliente elaboró un estudio para una eventual ampliación de hasta 2.424 cargos, pero el rediseño no llegó a implementarse por falta de recursos y avales presupuestales. Para 2026 la ANT tenía nueve proyectos de inversión por alrededor de 1,19 billones de pesos, con un 46,5 % comprometido al cierre de junio.
Garrido no recibe entonces una oficina donde bastará impartir órdenes. Recibe una maquinaria gigantesca en responsabilidades, con capacidad institucional que deberá fortalecer, miles de expedientes, procesos jurídicos sensibles, tierra por comprar, formalizar, recuperar y adjudicar, comunidades esperando años por respuestas y un nuevo Gobierno que quiere imprimirle una orientación distinta a la política rural.
¿Cuánto debería entregar Lina Garrido?
Mientras el nuevo Gobierno define sus propias metas, este medio propone un criterio sencillo para poder evaluarla sin simpatías políticas. Si Garrido permanece cuatro años al frente de la ANT, el piso nacional debería ser superar las 381.991 hectáreas entregadas por la administración anterior. Un referente razonable sería al menos 400.000 hectáreas, acompañado de una proporción mucho mayor de títulos definitivamente registrados.
En formalización, debería por lo menos sostener el estándar de 2,4 millones de hectáreas alcanzado durante el periodo anterior.
No son metas oficiales. Son referentes editoriales de comparación, construidos a partir del balance que recibe. En Arauca el mínimo resulta todavía más claro. Su gestión debería superar las 7.866 hectáreas entregadas y las 3.130 formalizadas durante el cuatrienio anterior. Alcanzar apenas esas cifras no sería una hazaña. Sería empatar el punto de referencia.
La verdadera ambición tendría que comenzar a reducir de manera visible la enorme distancia frente a las necesidades y metas que la propia ANT identificó para el departamento. Y aquí existe otra obligación. Ser araucana no puede significar privilegiar a Arauca por encima del resto del país. La directora de la ANT ya no representa electoralmente a un departamento. Administra una autoridad nacional. Pero precisamente porque conoce Arauca, no podrá alegar desconocimiento sobre sus problemas de titulación, acceso a la tierra y seguridad jurídica.
El examen comienza ahora
A Lina Garrido le sobra visibilidad, muchos funcionarios necesitan años para conseguirla. Tiene carácter, capacidad comunicativa, experiencia política y acceso directo a un Gobierno al que respaldó tempranamente. Todo eso puede convertirse en una ventaja para destrabar decisiones. También puede convertirse en una trampa si la gestión termina subordinada al espectáculo político.
Una excelente señal sería publicar desde el comienzo un tablero mensual donde cualquier ciudadano pueda saber cuántas hectáreas fueron compradas, entregadas, formalizadas y registradas, cuántas familias recibieron tierra, cuánto costó cada proceso y qué ocurrió en cada departamento.
Así el debate dejaría de depender de comunicados triunfalistas o acusaciones entre gobiernos. Lina Garrido prometió un “país de propietarios”. Es una frase atractiva. Ahora tiene la institución con la que puede comenzar a demostrarla. Dentro de cuatro años no necesitaremos discutir si habló fuerte, si enfrentó a Petro, si fue una buena congresista o si tuvo padrinos. Bastará mirar las hectáreas, los títulos, las familias beneficiadas, los procesos saneados y las investigaciones que hayan terminado con responsables cuando existan pruebas. La política permite muchas interpretaciones. La tierra registrada a nombre de una familia campesina, no tantas.
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