El presidente defenderá en los tribunales sus facultades sobre bombardeos y aspersión. Una de las decisiones cuestionadas advierte que proteger a menores no equivale a reemplazar al mando militar.
El presidente Abelardo de la Espriella cuestionó las decisiones judiciales que restringen operaciones de su Gobierno y anunció que las controvertirá mediante recursos legales. Su inconformidad apunta a dos asuntos centrales de su política de seguridad: los bombardeos cuando existe información sobre menores reclutados y la aspersión aérea de cultivos ilícitos.
“Una cosa es el control judicial y otra muy distinta sustituir al Gobierno”, afirmó durante la alocución del domingo 13 de septiembre. El mandatario aseguró que respetará las decisiones y descartó presentar el desacuerdo como una confrontación personal con los jueces.
Los menores en el centro
De la Espriella sostiene que la protección de niños reclutados no puede dar una ventaja militar a los grupos armados. Su argumento es que estos podrían utilizarlos para impedir ataques contra sus campamentos. Planteó responder con mejor inteligencia, precisión y evaluación de los objetivos.
La decisión judicial contiene una precisión relevante. Según El Colombiano, la jueza que mantuvo la restricción explicó que no exige certeza absoluta ni asume funciones de inteligencia. El criterio es disponer de información cierta, objetiva o razonablemente verificable sobre la posible presencia de menores.
El despacho consideró que el Gobierno no demostró la imposibilidad de cumplir la medida. También aclaró que esta protección provisional no declara ilegales las operaciones ni anticipa la sentencia de fondo. Su propósito es prevenir un daño irreversible a la vida.
La aspersión también tiene límites
El otro frente está en Putumayo. Un juez suspendió allí la aspersión aérea con glufosinato de amonio tras una tutela que invocó la protección de la salud, el agua y el ambiente. La medida afecta un piloto experimental, previsto para un máximo de mil hectáreas y siete días. La resolución que lo autorizó aclara que no equivale a aprobar un programa nacional definitivo. Esa diferencia delimita el alcance del choque.
¿Control o sustitución?
En Caracol, Daniel Monroy, del Pacto Histórico, defendió que los jueces están protegiendo derechos y recordó que el Gobierno puede recurrir las decisiones. David Cote, del Centro Democrático, sostuvo que la tutela no debe asumir competencias del Ejecutivo y respaldó discutir los fallos por vías legales.
El desacuerdo exige examinar cada orden y sus fundamentos. Que una decisión limite al presidente no demuestra, por sí solo, que un juez esté gobernando. La controversia será establecer si esas restricciones protegen derechos dentro de sus competencias o exceden el control judicial.
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