El Gobierno revocó mediante la Resolución 429 de 2026 el reconocimiento otorgado al exjefe paramilitar. La decisión cierra esa función administrativa, pero no modifica sus obligaciones judiciales, de verdad y reparación.
Salvatore Mancuso Gómez dejó de ser gestor de paz. El Gobierno del presidente Abelardo de la Espriella revocó la designación mediante la Resolución 429 de 2026, firmada el 21 de septiembre, y puso fin al encargo que había recibido durante la administración de Gustavo Petro.
Mancuso había sido incorporado a esa figura en 2023 dentro de la política de Paz Total. El propósito declarado era aprovechar su conocimiento de estructuras armadas y territorios para apoyar procesos de desarme colectivo, acercamientos y contribuciones de verdad. Ser gestor de paz no significaba absolución, indulto ni cancelación de sus procesos judiciales.
La decisión del Ejecutivo llega después de un antecedente judicial decisivo. El 4 de agosto, el Consejo de Estado suspendió provisionalmente la designación al estudiar una demanda de nulidad. La alta corte señaló que el acto administrativo no había establecido con suficiente claridad el tiempo, los lugares y las funciones concretas que Mancuso debía cumplir, y advirtió que la discrecionalidad presidencial en asuntos de paz no puede desconocer derechos de las víctimas.
La revocatoria tiene un efecto directo sobre su relación con el Gobierno: deja de actuar bajo el reconocimiento formal de gestor de paz y cesan las tareas asociadas a esa designación. Otra cosa son sus responsabilidades ante la justicia y sus compromisos con verdad, reparación y no repetición, que dependen de procesos y decisiones distintas.
El caso muestra además la diferencia entre una figura política-administrativa y la situación judicial de una persona desmovilizada. Retirar el nombramiento no borra condenas, expedientes ni obligaciones; simplemente elimina el instrumento mediante el cual el Ejecutivo lo había vinculado a su política de paz.
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