La Cancillería recurrió a la firma que había salido del esquema anterior, después de tropiezos judiciales con el nuevo modelo de producción.
La Cancillería de Colombia contrató nuevamente a Thomas Greg & Sons, mediante una unión temporal con Thales DIS Colombia, para garantizar el suministro, personalización y distribución de pasaportes. El valor máximo divulgado ronda los 240.000 millones de pesos y el acuerdo fue estructurado bajo la figura de urgencia manifiesta.
El Fondo Rotatorio del Ministerio de Relaciones Exteriores invocó la Resolución 12973 del 17 de septiembre de 2026 para asegurar la continuidad del servicio. El contrato establece precios unitarios y su ejecución se extiende, según las condiciones pactadas, hasta el 17 de diciembre de 2027.
El proveedor vuelve al centro
Thomas Greg prestó anteriormente el servicio de fabricación de pasaportes. El nuevo acuerdo ocurre tras las dificultades del modelo que involucró a la Imprenta Nacional y cooperación de la Casa de la Moneda de Portugal, sujeto a decisiones judiciales que alteraron su operación.
El canciller Omar Bula defendió la contratación como una solución temporal para evitar interrupciones en la expedición de documentos. La firma del acuerdo no elimina la discusión sobre cómo llegó el Estado a depender nuevamente de un contratista al que había buscado reemplazar.
Dos vigencias y pagos por servicio
La distribución presupuestal publicada contempla aproximadamente $32.025 millones para 2026 y $208.327 millones para 2027. La remuneración incluye componentes sujetos a las cantidades de libretas y servicios efectivamente suministrados y recibidos, conforme a las condiciones del contrato.
El objeto comprende libretas de pasaporte, custodia, alistamiento, distribución y etiquetas de visa, entre otros procesos de personalización. La contratación por urgencia manifiesta permite acudir a un procedimiento excepcional, que sigue sujeto a control fiscal y administrativo.
La pregunta de fondo es por qué la transición prometida en la producción de pasaportes terminó en una nueva contratación con el operador histórico. El Gobierno asegura continuidad del servicio; las circunstancias de la contratación excepcional quedan sometidas al examen público.
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