La Contraloría alerta por la infraestructura nacional ligada a TV Azteca; la CRC identifica un grupo concreto de usuarios potencialmente afectados.
La Contraloría General advirtió sobre riesgos para la continuidad del Proyecto Nacional de Fibra Óptica, desplegado para conectar 788 municipios de Colombia, ante los problemas financieros y operativos vinculados a TV Azteca. La advertencia se refiere a una posible interrupción, no a un apagón simultáneo ya ocurrido en esos territorios.
El proyecto se originó en el contrato de aporte 437 de 2011, destinado a extender infraestructura de transporte de datos a municipios que carecían de redes de fibra. La inversión pública inicial referida en las alertas supera los 434.000 millones de pesos.
Una afectación más específica
La Comisión de Regulación de Comunicaciones publicó en agosto un análisis sobre la controversia entre TV Azteca y Andean Tower Partners. Identificó 419 sitios y unos 500 clientes potencialmente involucrados, entre ellos 245 proveedores pequeños que atienden 57.780 accesos de internet fijo en 261 municipios de 23 departamentos.
Esas 57.780 conexiones constituyen un universo concreto de servicios con posible exposición a la controversia empresarial. No deben confundirse con los 788 municipios cubiertos por el proyecto nacional ni interpretarse como conexiones ya desconectadas.
Hospitales y municipios dependen de la red
La preocupación del organismo de control alcanza a alcaldías, instituciones educativas, centros de salud y otras entidades públicas que utilizan servicios de conectividad para trámites, atención ciudadana y operaciones internas. En territorios con pocas alternativas técnicas, una suspensión puede tener consecuencias mayores.
La CRC indicó que TV Azteca cuenta con 842 nodos en 834 municipios, una red más amplia que el inventario original del proyecto estatal. La controversia sobre sitios arrendados y la reorganización financiera plantean interrogantes sobre la capacidad de mantener infraestructura crítica.
La Contraloría mantiene vigilancia sobre el cumplimiento de las obligaciones y el uso de recursos públicos. El principal interés de los usuarios es que cualquier reorganización empresarial proteja efectivamente la prestación del servicio.
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