El alcalde Miguel Ángel Bastos respondió a los cuestionamientos de Juan Qüenza sobre las obras de emergencia en el acceso al puente del río Tame. Sostiene que el contrato sigue en ejecución, que la Alcaldía no ha recibido formalmente los trabajos y que cualquier pago debe pasar por revisión técnica e interventoría.
La discusión sobre las obras de emergencia en el río Tame pasó del terreno técnico al político. El alcalde de Tame, Miguel Ángel Bastos Morales, respondió este 14 de octubre a los cuestionamientos formulados por el alcalde de Arauca, Juan Alfredo Qüenza, y aseguró que el contrato todavía no ha sido recibido por la administración municipal ni pagado en su totalidad.
Una obra bajo revisión
La intervención corresponde al contrato 397 de 2026, cuyo objeto es recuperar la bancada vial y controlar la erosión en el acceso al puente sobre el río Tame. El registro público del proceso reporta un valor total de $3.488.501.152 y lo mantiene en estado de ejecución. La obra fue contratada después de las afectaciones que dejaron las crecientes del río en el acceso al puente, un punto estratégico para la movilidad del municipio.
Bastos afirmó que antes de autorizar pagos debe cumplirse la revisión de la interventoría y realizarse los ajustes que sean necesarios. También sostuvo que existen soportes sobre compra y uso de materiales como roca y geotextil y que el proyecto cuenta con permisos ambientales de Corporinoquia. Esas afirmaciones corresponden a la versión del mandatario y deberán contrastarse con los documentos técnicos y contractuales del proceso.
El cruce con Qüenza
El pronunciamiento respondió directamente a cuestionamientos públicos de Qüenza sobre la ejecución de la obra. Bastos pidió que cualquier señalamiento concreto sea trasladado a los organismos de control y advirtió que no debe confundirse el debate político con una conclusión anticipada sobre responsabilidades.
El punto central para el control ciudadano no es cuál alcalde eleva más el tono, sino qué muestran las actas de obra, los informes de interventoría, las cantidades realmente ejecutadas, las facturas, las modificaciones —si las hubiera— y el estado de los desembolsos. El contrato, por su naturaleza de emergencia y por el monto comprometido, exige trazabilidad completa desde la contratación hasta el recibo final.
Lo que falta por comprobar
La administración de Tame sostiene que la obra aún no está formalmente recibida. Eso significa que el cierre contractual todavía debe permitir comparar lo contratado con lo ejecutado y determinar si existen actividades pendientes, correcciones o ajustes. También será relevante establecer qué ha pagado efectivamente el municipio, con qué soportes y qué concepto emitió la interventoría sobre cada avance.
La controversia, entonces, no está cerrada. Bastos ha fijado su defensa y ha insistido en que el contrato no puede presentarse como una obra ya pagada y recibida. La siguiente prueba será documental: actas, informes, pagos y recibo final deberán mostrar con precisión cuánto se ejecutó y si la intervención solucionó de manera efectiva el riesgo en el acceso al puente.
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