La Fuerza Pública defiende la legalidad de la Operación Amón y responsabiliza a las disidencias por reclutar adolescentes. Pero la muerte de dos jóvenes de 15 años y uno de 16 deja una pregunta que el balance militar no resuelve: ¿qué sabía el Estado antes de ordenar el ataque?
El Ministerio de Defensa y las Fuerzas Militares cerraron filas alrededor del bombardeo ejecutado el 27 de agosto en El Retorno, Guaviare, después de que Medicina Legal estableciera que tres de las diez personas muertas eran menores de edad: dos tenían 15 años y una, 16. La respuesta oficial ha sido enfática: los diez fallecidos eran, según la Fuerza Pública, integrantes de una estructura armada y se encontraban en “función continua de combate”.
La denominada Operación Amón atacó tres zonas campamentarias cerca del río Inírida utilizadas por el Bloque Jorge Suárez Briceño, perteneciente a la estructura de alias ‘Calarcá’. El presidente Abelardo De La Espriella anunció inicialmente ocho muertos y presentó la acción como parte de la nueva ofensiva militar de su Gobierno. El balance oficial terminó subiendo a diez.
Además hubo una persona capturada y otro menor fue recuperado con vida y entregado para restablecimiento de sus derechos. En la zona fueron hallados 19 fusiles, siete ametralladoras, 184 minas antipersonal, 20 granadas para dron y más de 29.000 cartuchos, entre otro material de guerra
La defensa oficial
El comandante de las Fuerzas Militares, general Erick Rodríguez, aseguró que la operación cumplió “todos los estándares legales” durante su planeación y ejecución. El ministro de Defensa, Jorge Mora, trasladó la responsabilidad a la estructura ilegal y recordó que el reclutamiento y utilización de menores constituye una grave infracción del Derecho Internacional Humanitario.
Ese señalamiento contra las disidencias tiene sustento: los grupos armados no deben reclutar ni utilizar en hostilidades a menores de 18 años. El CICR también explica que una “función continua de combate” supone integración duradera a un grupo armado y participación directa en sus operaciones; sin embargo, en caso de duda sobre esa condición, la persona debe presumirse protegida frente a ataques directos.
En los pronunciamientos públicos, Defensa no ha detallado si la inteligencia previa detectó presencia de menores en los campamentos ni qué precauciones concretas fueron evaluadas para reducir ese riesgo. Afirmar que habían sido reclutados explica la responsabilidad criminal del grupo armado, pero no sustituye el examen sobre cómo se planeó el bombardeo.
El caso ocurre, además, cuando el reclutamiento infantil sigue creciendo. Human Rights Watch calculó que al me
nos 1.500 menores han sido reclutados desde 2021 y advirtió apenas tres días antes del ataque que una respuesta exclusivamente militar no resolverá el fenómeno. Reportes iniciales dieron por muerto a alias ‘Urías Perdomo’, hombre cercano a ‘Calarcá’, pero Medicina Legal solo había identificado nueve de los diez cuerpos y su identidad aún no figuraba entre las confirmadas públicamente.
Deja una respuesta