La Corte Suprema, la Fiscalía, el Ministerio de Defensa, la Defensoría del Pueblo y la Gobernación de Arauca exigieron la liberación inmediata de cuatro servidores públicos retenidos por el ELN.
Una oleada de pronunciamientos institucionales se produjo en las últimas horas luego de que el Frente de Guerra Oriental del ELN anunciara “condenas” contra cuatro funcionarios secuestrados en Arauca. Las reacciones provinieron de organismos judiciales, entidades humanitarias y autoridades nacionales y regionales, que coincidieron en rechazar cualquier intento del grupo armado de atribuirse funciones judiciales.
Un rechazo institucional
“El secuestro solo causa más daño y deja consecuencias permanentes en las víctimas, sus familias y el país” comunicado conjunto de la Corte Suprema de Justicia y la Fiscalía General de la Nación.
La Corte Suprema de Justicia y la Fiscalía General de la Nación rechazaron el anuncio del grupo armado y exigieron la liberación inmediata y sin condicionamientos de los funcionarios retenidos. Las dos entidades advirtieron que ninguna organización ilegal puede ejercer funciones de administración de justicia en Colombia.
El ministro Pedro Sánchez Suárez afirmó que el grupo armado “no es autoridad judicial” y reiteró el llamado para que los secuestrados sean liberados. El funcionario pidió además el acompañamiento de organismos humanitarios, la Iglesia Católica y la comunidad internacional.
Piden respetar derechos humanos
La Defensoría del Pueblo calificó como inadmisible el supuesto “juicio revolucionario” anunciado por el ELN y sostuvo que ninguna estructura armada ilegal puede justificar la privación de la libertad mediante mecanismos propios. La entidad insistió en que debe prevalecer la protección de la vida e integridad de las personas retenidas. Desde Arauca, la Gobernación departamental rechazó el anuncio y señaló que el secuestro constituye una violación de derechos humanos y del Derecho Internacional Humanitario. El gobernador Rensón Martínez Prada pidió la liberación inmediata de los cuatro funcionarios y expresó preocupación por el prolongado cautiverio.
A los pronunciamientos se sumó Indepaz, que cuestionó la decisión del ELN y advirtió sobre las afectaciones físicas y psicológicas que produce el secuestro prolongado. La delegación del Gobierno nacional para los diálogos con esa guerrilla también confirmó que continúan las gestiones humanitarias para buscar la liberación de los retenidos.
La incertidumbre que viven las familias
Los funcionarios retenidos son Jesús Antonio Pacheco Oviedo y Rodrigo Antonio López Estrada, integrantes del Cuerpo Técnico de Investigación de la Fiscalía, así como los policías Franque Esley Hoyos Murcia y Yordin Fabián Pérez Mendoza, adscritos a la Dijín.
Los dos funcionarios del CTI completan cerca de un año secuestrados desde mayo de 2025. Los uniformados de la Policía fueron retenidos meses después en zona rural de Arauca. Desde entonces, sus familias han sostenido llamados permanentes para lograr.
Una liberación humanitaria.
El caso volvió a poner sobre la mesa el impacto humano del secuestro en medio del conflicto armado. Detrás de cada comunicado oficial hay hogares atravesados por la angustia, la incertidumbre y la espera prolongada.
“Pedimos que les respeten la vida y que regresen a casa” familiares de los funcionarios retenidos, durante llamados públicos conocidos en los últimos meses.
El anuncio del ELN ocurre en un momento de alta tensión por la situación de seguridad en Arauca y reactivó el debate nacional sobre los límites de los diálogos con grupos armados y las obligaciones humanitarias frente a las personas privadas de la libertad.
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