Las estaciones creadas por el Acuerdo de 2016 siguen técnicamente al aire, pero desde el martes dejaron de emitir noticias, programas comunitarios y contenidos producidos desde los territorios. Ahora transmiten música centralizada desde Bogotá. La medida abre una discusión sobre hasta dónde puede llegar la reestructuración de los medios públicos.
No cerraron los transmisores. Tampoco desaparecieron todavía los diales. Pero las 20 Emisoras de Paz dejaron de hacer aquello para lo que fueron creadas. Desde el martes 18 de agosto, Inravisión ordenó suspender hasta nueva instrucción las noticias, boletines, programas informativos, espacios de locución y demás programación producida desde estas estaciones. En su lugar comenzó a emitirse una señal exclusivamente musical y centralizada desde Bogotá. La instrucción había sido comunicada el lunes festivo mediante un mensaje de WhatsApp a los equipos regionales.
La decisión alcanza a las 20 Emisoras de Paz. Arauquita tiene una de esas emisoras en el 88.9 FM, creada para atender un territorio profundamente golpeado por el conflicto armado y donde todavía tienen presencia y capacidad de acción diferentes organizaciones ilegales. Un documento oficial de implementación del Acuerdo publicado este mismo año la registraba operativa y orientada al acompañamiento comunitario y la promoción de la convivencia.
No nacieron como emisoras de un gobierno
Las Emisoras de Paz no fueron una iniciativa comunicacional de Gustavo Petro. Su origen está en el punto 6.5 del Acuerdo Final firmado en 2016 entre el Estado colombiano y las antiguas Farc, durante el gobierno de Juan Manuel Santos. El texto acordó crear 20 frecuencias FM de interés público en territorios especialmente afectados por la guerra para hacer pedagogía sobre el Acuerdo e informar sobre su implementación.
Su diseño tenía además un componente difícil de ignorar en la discusión actual. El Acuerdo contempló participación de organizaciones de víctimas, organizaciones comunitarias y Ecomún, entonces integrada por excombatientes, precisamente para que las frecuencias no terminaran convertidas simplemente en una radio manejada desde Bogotá.
Con el tiempo la programación incorporó noticias locales, cultura, memoria, historias campesinas, emprendimientos, medio ambiente y asuntos cotidianos de comunidades que raramente encuentran espacio en los grandes medios nacionales. La propia Inravisión destacaba en noviembre de 2025 que los equipos producían programación local y daban voz a víctimas, comunidades étnicas, mujeres, jóvenes y organizaciones sociales.
Las 20 estaciones están en Arauquita, Chaparral, Ituango, San Jacinto, Fonseca, Convención, Algeciras, Florida, El Tambo, Puerto Leguízamo, Bojayá, Mesetas, San José del Guaviare, San Vicente del Caguán, Fundación, Tumaco, Riosucio, Tierralta, Agustín Codazzi y Buenaventura. El Gobierno reportaba al cierre de 2025 un cumplimiento del 100 % de esa meta del Acuerdo.
El argumento del Gobierno y una contradicción difícil de pasar por alto
La suspensión ocurre en medio de la reorganización ordenada por la ministra TIC, Alexandra Falla, y la nueva gerente de Inravisión, Ángela María Mora.
El Gobierno sostiene que busca acabar con lo que denominó “el aparato de propaganda” heredado en los medios públicos. Anunció el fin de la franja noticiosa y de opinión, revisión de contratos y contenidos y una nueva programación basada en cultura, arte y educación. También asegura que quiere recuperar independencia, pluralidad y equilibrio. Revisar posibles excesos editoriales, contratos o utilización partidista de los medios públicos es legítimo y, si existieron irregularidades, corresponde investigarlas.
El problema está en el método. Resulta difícil defender la diversidad regional mientras una de las primeras medidas consiste precisamente en retirar los contenidos hechos en las regiones y reemplazarlos por música enviada desde la capital. La FLIP, la Misión de Observación Electoral y la Asociación Mundial de Radios Comunitarias cuestionaron la decisión y estiman que las Emisoras de Paz alcanzan a más de 463.000 personas, incluidas comunidades rurales, indígenas, afrodescendientes y campesinas. Advirtieron que centralizar la señal limita el acceso a información local y pidieron restablecer la programación mientras se adelanta cualquier revisión administrativa o editorial.
¿Puede el Gobierno simplemente desmontarlas?
Todavía es prematuro afirmar que la suspensión sea ilegal. El Gobierno la presenta como temporal y no ha anunciado formalmente la eliminación de las 20 frecuencias. Tampoco existe hasta ahora una decisión judicial que determine que la medida viola el Acuerdo. Pero el asunto es más complejo que cambiar una parrilla radial.
La Corte Constitucional estableció en la Sentencia C-630 de 2017 que el Acuerdo Final se convirtió en una política pública de Estado cuya implementación obliga de buena fe a las autoridades, respetando sus competencias. Rodrigo Londoño ya acusa al Gobierno de incumplir ese compromiso e Iván Cepeda anunció una acción de tutela. Será la justicia, si el debate llega allí, la que determine hasta dónde alcanza la potestad administrativa de modificar estos espacios.
Mientras eso ocurre, hay un hecho menos jurídico y más sencillo de entender. Las emisoras fueron construidas para que territorios que durante décadas fueron noticia solamente cuando había una masacre, un secuestro o un combate pudieran contar también por sí mismos lo que sucedía allí. Las frecuencias siguen encendidas. Por ahora, las voces locales no.
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